La sanidad pública pasando por el tubo
Las reivindicaciones obreras y populares durante la dictadura franquista consiguieron que se reconociera el carácter público y universal del derecho a la protección de la salud individual y colectiva (hábitat, medio ambiente, drogas, empleo, etc). La universalidad de los servicios ha sido garantía de no discriminación por razón de raza, sexo o recursos, su desmantelamiento progresivo provocaría de forma análoga precariedad y marginación en los sectores sociales más desprotegidos.
La sanidad pública viene sufriendo un proceso de acoso y derribo que dura más de 20 años, y aun así la población sigue teniendo máxima confianza en ella. La cronología del intento de privatización (1) es la siguiente:
Informe Abril Martorell (1991), aprobado con los votos de CDS y PSOE. Se caracterizó por el progresivo recorte financiero y desvío presupuestario hacia empresas privadas argumentando incapacidad del estado para satisfacer la creciente demanda cuando España, históricamente, ha estado a la cola europea en gasto sanitario. Se decidió crear dos conceptos de contabilidad, separando la financiación (pública) de la prestación de servicios y gestión (pública o privada), esta separación fue clave para transformar al Estado (INSALUD) en comprador de servicios asistenciales privados.
Ley de Fundaciones Públicas Sanitarias (2000), aprobada como Ley por el PP. Los centros y hospitales pasaron a ser “Fundaciones” con carácter jurídico-administrativo siguiendo criterios de “mercado”, el personal se precarizó y redujo degradándose la calidad. Característico de esta etapa fue la aparición de las listas de espera de varios meses en todas las especialidades.
Los conciertos sanitarios, la XHUP en Cataluña. El sistema es infalible: con el dinero de los impuestos generales se pagan negocios privados, mientras los servicios públicos se degradan los privados hacen turnos y sobrexplotaciones, a destacar los beneficios acumulados por los centros sanitarios propiedad de la iglesia. Con el sistema mixto aparecen nuevas tasas o tarifas a pagar por el paciente para poder acceder a determinadas prestaciones, lo que común y eufemísticamente se conoce como el “copago”.
Durante el 2012 se prevé el incremento de los recortes presupuestarios en el sector, por comunidades autónomas y en el conjunto del Estado. La obsesión de Mariano Rajoy por la austeridad en el gasto público coincide con la política económica ultraliberal dictada desde Bruselas.
El recorte de servicios ya está provocando las primeras víctimas: pacientes desplazados de un hospital a otro sin ser operados a tiempo o el fatal desenlace debido a un diagnóstico erróneo por falta de recursos técnicos. Es en estas ocasiones cuando sale a la luz pública el `drama humanitario´ que sufre nuestra sanidad, si existe algún drama que pueda tener algo de solidario o altruista.
Se trata de un ataque directo a la estructura del Estado del bienestar y los derechos del trabajador. Va a tener razón Rajoy cuando comentó en el Consejo Europeo que sus reformas económicas le van a costar una huelga general, en cualquier caso serán los propios sindicatos corporativos y centrales sindicales quienes decidan si también el debe pasar por el tubo.
Nota:
(1) Toni Barbará e Ignaci Fina, Realitat nº 64-65
Artículo publicado en Kaos en la Red