02/02/2017 francesc casadó 0Comment

Publicado en Naiz.

Pese a algunas voces discordantes en el PDeCAT (ex-convergencia) con la viabilidad de una consulta sobre la independencia el Gobierno catalán se ha mostrado seguro y contundente, el reto es convocar un referéndum en 2017 que ahora sí será vinculante.

El escenario actual es de abierto enfrentamiento en los distintos niveles de gobierno. Entre el estado central, el autónomo y el Ayuntamiento de Barcelona. En la coalición soberanista de Junts pel Sí el objetivo es claro: “independencia o independencia”, con o sin permiso del Tribunal Constitucional para realizar el plebiscito, aunque la opción preferida del Ejecutivo catalán sigue siendo que la votación sea pactada con Madrid.

El sistema consistirá en implementar progresivamente leyes como la creación de un Consejo Asesor del Proceso Constituyente formado por especialistas sobre las políticas públicas que han de permitir la realización del proceso. Otras medidas serán que los ayuntamientos faciliten las infraestructuras necesarias para el proceso rupturista, la creación de una Hacienda propia y dotarse de los necesarios recursos humanos.

Sin duda un protagonista destacado en esta crisis es la alcaldesa Ada Colau. La consulta popular se decidirá en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana que cuentan con 3,2 millones de habitantes de un total de 7,5 millones de catalanes.

Desde las confluencias de ‘los comunes’ el único escenario posible es el de la negociación con el Estado español. Sin acuerdo mutuo el futuro del proyecto será escaso ya que una declaración unilateral de secesión por parte del Parlament no se ajustaría al ordenamiento jurídico nacional provocando la suspensión del gobierno autonómico y la aplicación del poder coercitivo. Esta iniciativa negociadora podría verse reforzada desde las distintas comunidades exigiendo un reconocimiento constitucional de la naturaleza plurinacional de España y dando impulso al proyecto republicano defendido por el bloque de izquierdas.

Para intentar desencallar esta situación el presidente Carles Puigdemont decidió en diciembre convocar una cumbre de entidades partidarias del derecho a decidir denominado Pacto Nacional por el Referéndum donde poder unificar criterios frente a la Operación Dialogo propuesta por Mariano Rajoy, en el que estuvieron presentes, además de los partidos políticos, los sindicatos mayoritarios de izquierda y las organizaciones patronales de la pequeña y mediana empresa. El portavoz de la candidatura Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, advirtió de que no se volviera a repetir lo sucedido en el anterior Pacto Nacional, que fue instrumentalizado al servicio de estrategias partidistas que dieron la victoria en las elecciones autonómicas de 2015 a la coalición liderada por la derecha soberanista.

Se trata de una crisis difícil de solucionar en la que el diálogo entre todos los agentes de la sociedad civil debería prevalecer sobre los consensos negociados solo por unos cuantos. Así como la necesaria cooperación entre niveles de gobierno, aunque pocos confían ya en que Rajoy y Puigdemont alcancen un acuerdo en la próxima reunión que se está preparando desde Moncloa.

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