21/06/2012 francesc casadó 0Comment

Los 100.000 millones de euros de la Unión Europea destinados a “recuperar” el sistema financiero español no parece suficiente para poder cubrir todo el coste social y laboral de los efectos que han tenido las doctrinas económicas neoliberales sobre nuestro país desde que firmamos el acuerdo de Maastricht en 1992. Con dos reformas laborales de por medio, el acoso sistemático a los servicios públicos y una tasa de desempleo galopante el rescate aumentará, aún más si cabe, la deuda externa para acabar pagándola los propios trabajadores a través de recortes e impuestos.

Estamos cediendo de facto nuestra soberanía económica y política a las instituciones supranacionales, urgen cambios políticos a favor de la mayoría social si no queremos seguir la senda de Grecia e Italia, las propuestas de Huelga General de los mineros apuntan en esa dirección.

Un estadista diría que estamos sufriendo un déficit político en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, solo hace falta echar un vistazo a los medios de comunicación esta semana:

La polémica creada en torno a los viajes de Carlos Divar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, denunciado por supuesto delito de malversación de fondos se ha dado por concluida tras la dimisión del magistrado pero la imagen de la institución y de la justicia en general se ha deteriorado y difícilmente conseguirá recuperar la credibilidad ante la ciudadanía.

La reciente intervención europea de la economía española fue precedida por la crisis del grupo financiero Bankia. Rodrigo Rato, quien fuera superministro de Economía durante la legislatura de JM Aznar, director del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia es acusado por parte de grupos afines al movimiento 15M -los veteranos `yayoflautas´- ante la Fiscalía Anticorrupción por ordenar el irregular proceso de fusión entre las cajas de ahorro que la forman, así como su salida a Bolsa y posterior nacionalización.

El hostigamiento de las patrulleras inglesas a los pescadores gaditanos que faenan en aguas del Peñón y el posterior pantallazo estilo “gran hermano” del príncipe Eduardo de Inglaterra paseando con su esposa por Gibraltar decidieron al ejecutivo español, representado por el rey y el ministro del Interior, desplazarse a Algeciras para apoyar la labor de la Guardia Civil en defensa de nuestras naves, el motivo del acoso británico sería una ley de 1991 que veta las artes de pesca que utilizan los españoles pero es permitida por la normativa europea.

Artículo publicado en Kaos en la Red

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