02/03/2012 francesc casadó 0Comment

Alto se ha puesto el listón el Poder Judicial, no solo tiene que sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón, también tiene que dictar sentencia sobre “L´Estatut de Catalunya” y probablemente sobre “La Ley de Amnistía”, dado el sesgo conservador de los magistrados asignados las resoluciones contrarias son más que previsibles y supondrán un recorte de las libertades a la vez que un riesgo para la propia independencia del poder ejecutivo. Me atrevería a decir que recuerda el día que Tejero nos puso a todos el dedo en la boca.

Al margen de si el superjuez es culpable de prevaricación o si “la acusación popular” puede ejercer una acción penal sin ser víctima del delito, no solo se está juzgando a un individuo, se está intentando paralizar, prohibir la investigación de los desaparecidos en la Guerra Civil. Si B. Garzón fuera suspendido de su cargo en la Audiencia Nacional durante algunos años, sería el tiempo que permitiría al futuro gobierno del PP recurrir al “ni ver, ni oír, ni hablar” de recuperación de la memoria histórica en nuestro país y negar la madurez democrática es negar la paz.

La parálisis en que se encuentra la resolución del “Estatut de Catalunya” suma despropósitos a la actitud del Poder Judicial. Hay que recordar que en el año 2006 se pacto l´Estatut entre Zapatero y la derecha nacionalista, una norma que ignoraba importantes problemas como la precariedad laboral o las pensiones bajas y que fue rechazada por los movimientos sociales en intensas jornadas de protesta. Ahora la falta de memoria del Tribunal Constitucional para dictar sentencia puede ser debida al temor de tener que reconocer en la sociedad catalana un emergente movimiento no ya social sino nacionalista donde su principal objetivo es alcanzar la autodeterminación, su calendario de consultas populares es la prueba más mediática.

A todo lo anterior hay que añadir la petición de Izquierda Unida de un debate en el Congreso sobre la reforma de “La Ley de Amnistía” para que no pueda ser utilizada de modo arbitrario por el Tribunal Supremo con el fín de hacer prescribir los actos criminales durante el franquismo. Se cierra de este modo un círculo vicioso en torno al anquilosado estado de derecho en España y nos lleva a un impasse del que será difícil salir sino es avanzando con firmeza hacia la Tercera República.

Artículo publicado en Rebelion.org

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